Entre enero de 2024 y febrero de 2025, Médicos Sin Fronteras atendió a casi 3.000 sobrevivientes de violencia sexual y realizó más de 20.000 consultas de salud mental en rutas migratorias de América Latina.
El Día Mundial de la Salud es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la atención sanitaria a nivel global. Desde una perspectiva humanitaria, Médicos Sin Fronteras (MSF) contribuye a este análisis con la experiencia de más de 70.000 personas que desarrollan su labor en 74 países alrededor del mundo.
"Hace 54 años asistimos a poblaciones más vulnerables del mundo y, a su vez, tenemos proyectos en Colombia desde hace 40 años, cuando ocurrió la tragedia de Armero. De esta mirada global, me interesa señalar cinco desafíos", afirmó Mónica Negrete, referente médica de MSF en América Latina, en declaraciones al portal El Tiempo.
Tras la pandemia de COVID-19 en 2020, se intensificó el debate sobre el papel de los Estados en la provisión de servicios sanitarios. La crisis dejó en evidencia profundas desigualdades en el acceso a la salud y a las vacunas, así como las persistentes barreras que enfrentan las poblaciones más vulnerables y las debilidades estructurales en la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud a nivel mundial.
Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), recabados hasta 2021, en América Latina y el Caribe los hogares deben asumir, en promedio, el 28 % del gasto en salud a través de pagos directos. En 11 países de la región, este porcentaje supera el 35 %.
"En nuestros proyectos hemos observado cómo estas desigualdades afectan directamente a comunidades que deben recurrir a diversas estrategias para financiar tratamientos, muchas veces sin éxito. Además, los sistemas de salud presentan numerosos puntos ciegos en territorios periféricos y rurales de difícil acceso. Cifras de 2022, también de la OPS, indican que cerca de 295 millones de personas en la región —equivalente al 29,3 % de la población— tenían necesidades de atención médica no satisfechas", señaló Negrete.
En los últimos años, MSF ha constatado esta realidad en diversos proyectos regionales, como el de Chocó, en Colombia, y en los destinados a la atención de personas migrantes en la selva del Darién y en México. Muchas familias no cuentan con los recursos necesarios para tratar enfermedades crónicas o acceder a servicios de urgencias. Casos como partos complicados, fracturas o mordeduras de serpiente, por mencionar algunos, a menudo quedan sin la atención médica adecuada.
Las emergencias humanitarias, ya sean producto de conflictos armados o de desastres naturales, generan un impacto devastador en los sistemas de salud y dificultan el acceso oportuno a la atención médica. La destrucción de infraestructura sanitaria no solo compromete la atención inmediata, sino también la continuidad de los servicios en el mediano y largo plazo.
El pasado 25 de marzo, un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Birmania, dejando un saldo oficial de más de 2.300 personas fallecidas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos tres hospitales quedaron completamente destruidos y otros 22 resultaron gravemente afectados. En estos contextos, la coordinación de la asistencia humanitaria requiere respuestas ágiles, pero enfrenta múltiples obstáculos, como la falta de permisos o restricciones administrativas.
En la Franja de Gaza, donde Médicos Sin Fronteras trabaja con más de 1.200 profesionales de la salud, el 69 % de las instalaciones sanitarias están destruidas o dañadas. La situación no es menos crítica en otros escenarios de conflicto, como Ucrania, donde el sistema de salud enfrenta una presión sostenida. Durante los últimos tres años, los ataques con misiles y drones han sido recurrentes, incluso en ciudades ubicadas a más de mil kilómetros de la línea de frente. Los centros médicos han debido adaptarse, trasladando la atención a búnkeres o sótanos, y enfrentando apagones constantes debido a los ataques contra infraestructuras energéticas.
"En muchos casos, ya sea en Gaza, Ucrania o Sudán, los ataques a hospitales son deliberados, o las partes en conflicto no muestran el menor respeto por la protección de centros médicos y personal sanitario. No existen espacios seguros", advirtió
En contextos marcados por la violencia y la inestabilidad, las poblaciones afectadas enfrentan múltiples obstáculos para acceder a servicios de salud. A lo largo de sus 40 años de presencia en Colombia, Médicos Sin Fronteras ha sido testigo de las consecuencias humanitarias del conflicto armado y del impacto que este tiene sobre el derecho a la atención médica.
La organización ha trabajado en regiones como Catatumbo, Caquetá, Tolima, Tumaco, Buenaventura, Mutatá y Alto Baudó, entre muchas otras, donde comunidades enteras han sido desplazadas o confinadas. Estas situaciones interrumpen el acceso a servicios básicos y agravan las condiciones de salud. Además, muchos centros médicos en estas zonas quedan sin personal, y los vacíos en la atención pueden tardar años en ser subsanados.
En otros contextos, como el este de la República Democrática del Congo —afectado por más de tres décadas de conflicto armado—, las consecuencias son igualmente alarmantes. Actualmente, alrededor de 5,6 millones de personas se encuentran desplazadas en las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri. Más allá de las heridas físicas o la violencia sexual derivadas del conflicto, las deficiencias estructurales del sistema sanitario se traducen en epidemias recurrentes de enfermedades como el cólera o el sarampión, así como en altos niveles de desnutrición infantil, como se detalla en un reciente informe de MSF sobre la situación humanitaria en Ituri.
En Sudán, donde se vive una guerra desde hace casi dos años, el estado de Darfur del Sur atraviesa una de las peores emergencias de salud materno-infantil a nivel mundial. Entre enero y agosto de 2024, el número de muertes maternas registradas en dos centros apoyados por Médicos Sin Fronteras fue superior al total anual de fallecimientos por esta causa en todos los países de Europa Occidental.
"La mayoría de muertes ocurrieron por causas evitables, como barreras para acceder a servicios médicos. En Médicos Sin Fronteras estamos constantemente tratando de adaptarnos a los cambios", añade.
La pandemia por covid-19 no solo evidenció las debilidades estructurales de los sistemas de salud, sino que también desencadenó una recesión económica global que tuvo un impacto directo sobre el bienestar de millones de personas. Aunque algunas economías han comenzado a recuperarse, los recursos asignados al sector salud siguen siendo limitados y deben hacer frente a desafíos cada vez más complejos, como el cambio climático, el aumento de los flujos migratorios y el recrudecimiento de conflictos en distintas regiones, entre ellas Oriente Medio.
A estas presiones se suma una preocupante disminución del compromiso internacional en términos de cooperación y multilateralismo. La reducción o el retiro de fondos por parte de algunos actores clave amenaza la continuidad de programas esenciales para la salud pública mundial.
Uno de los casos más recientes es el del Gobierno de Estados Unidos, que ha manifestado su intención de retirar el apoyo financiero a Gavi, la Alianza para las Vacunas. Esta organización, creada hace 25 años, ha sido fundamental para garantizar el acceso a la vacunación en los países más pobres.
"Se calcula que Gavi ha salvado la vida de 17 millones de niños en los últimos 25 años Así las cosas, se prevé que la pérdida del apoyo estadounidense impida la vacunación sistemática de aproximadamente 75 millones de niños en los próximos cinco años, lo que podría provocar la muerte de más de 1,2 millones de niños", apuntó Negrete.
Por otro lado, la decisión de congelar los fondos del Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida (Pepfar) representa un nuevo riesgo para millones de personas que dependen de este programa para acceder a tratamientos contra el VIH, la tuberculosis y la malaria.
A pesar de una reciente disminución en la migración irregular en América Latina —derivada en parte de cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos y de la incertidumbre generada por ellas—, las personas en tránsito continúan enfrentando condiciones sumamente adversas en las rutas migratorias. La exposición a múltiples formas de violencia, que incluyen tortura, violencia sexual, robo, secuestro y extorsión, genera consecuencias graves tanto para la salud física como mental de las personas migrantes.
Entre enero de 2024 y febrero de 2025, Médicos Sin Fronteras atendió a casi 3.000 sobrevivientes de violencia sexual y realizó más de 20.000 consultas individuales de salud mental en sus proyectos a lo largo de la ruta migratoria, que incluye países como México, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá. En muchos de estos casos, los episodios de violencia fueron el detonante principal de los cuadros psicológicos atendidos.
"El acceso a la salud para la población migrante es precario. Nuestros equipos han encontrado personas con enfermedades crónicas sin tratamiento, niñas y niños enfermos por consumir agua en mal estado, mujeres embarazadas o con recién nacidos sin atención médica, e incluso personas que han perdido familiares en el camino, en ocasiones como resultado de actos de violencia extrema", explica la referente médica de Médicos Sin Fronteras en América Latina.
En otras regiones del mundo, las políticas de disuasión migratoria también tienen efectos devastadores. En el mar Mediterráneo, por ejemplo, se estima que más de 30.000 personas han muerto o desaparecido en los últimos 10 años al intentar cruzar hacia Europa. Ante las crecientes restricciones, muchas personas se ven forzadas a tomar rutas clandestinas, que suelen ser más extensas, peligrosas y carentes de apoyo humanitario.
Médicos Sin Fronteras busca adaptarse de manera constante a los cambios en las rutas migratorias, las cuales suelen estar fuertemente influenciadas por giros en las políticas públicas. Uno de los ejemplos más recientes es la suspensión de facto del derecho al asilo y el cierre de la frontera entre Estados Unidos y México, medidas implementadas a comienzos del año.
Estas decisiones han dificultado aún más el acceso a servicios de salud y han generado nuevos riesgos para las personas migrantes, quienes, al igual que muchas otras poblaciones vulnerables, enfrentan una creciente invisibilización y exclusión.
