Además del cambio en el alojamiento, la orden ejecutiva prohíbe el uso de fondos federales para la financiación de tratamientos médicos relacionados con la transición de género.
El presidente Donald Trump, en su regreso a la Casa Blanca, emitió una orden ejecutiva que modifica sustancialmente el trato a las personas transgénero en el sistema penitenciario federal de Estados Unidos.
Esta orden, emitida como parte de su política para limitar el reconocimiento del género solo al sexo asignado al nacer, ordena que las mujeres transgénero sean alojadas en prisiones para hombres y suspende los tratamientos médicos relacionados con la transición de género en el sistema penitenciario.
La directiva, titulada "Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica al Gobierno Federal", sostiene que los esfuerzos para erradicar la "realidad biológica del sexo" atentan contra la dignidad, seguridad y bienestar de las mujeres.
En este contexto, se afirma que permitir a las mujeres transgénero permanecer en cárceles de mujeres pone en peligro la integridad de las mujeres cisgénero, basándose en la noción de que las personas transgénero deberían ser tratadas según su sexo asignado al nacer, independientemente de su identidad de género.
En los Estados Unidos, cerca de 1.500 mujeres transgénero se encuentran actualmente en prisiones federales, constituyendo aproximadamente el 15% de la población femenina encarcelada, a pesar de que las personas transgénero representan menos del 1% de la población adulta general en el país.
Esta medida afectaría a las reclusas transgénero que serían trasladadas a instalaciones para hombres, lo que las expondría a un mayor riesgo de agresión física y sexual, en especial dado el historial de abuso que enfrentan las personas trans en prisión.
Shannon Minter, directora legal del National Center for Lesbian Rights, advirtió que esta política incrementará los casos de abuso sexual y violencia física en las cárceles, lo que afectaría no solo a las reclusas, sino también a los funcionarios penitenciarios, quienes perderían la capacidad de tomar decisiones basadas en la seguridad y las necesidades específicas de cada prisionero.
Esto contrasta con la idea de permitir decisiones individualizadas sobre el alojamiento y la protección de personas vulnerables.
Además del cambio en el alojamiento, la orden ejecutiva prohíbe el uso de fondos federales para la financiación de tratamientos médicos relacionados con la transición de género, incluyendo la terapia hormonal y los procedimientos quirúrgicos.
Este cambio podría tener consecuencias graves para la salud de las personas transgénero encarceladas. Activistas, como Jasmine Tasaki, directora ejecutiva de la organización Black and Pink, advirtieron que la interrupción de estos tratamientos podría provocar profunda depresión y el revés en los cambios físicos alcanzados durante la transición, lo que afectaría la calidad de vida y bienestar mental de las personas trans.
Tasaki también mencionó que la interrupción de estos tratamientos podría llevar a los reclusos transgénero a experimentar trastornos emocionales y de salud mental, aumentando el riesgo de suicidio y la crisis de identidad.
Esta medida también podría agravar las condiciones psicológicas de las personas transgénero, quienes ya enfrentan altos índices de salud mental deteriorada debido a la discriminación y el aislamiento social.
La orden ejecutiva podría enfrentar impugnaciones judiciales, ya que los tribunales federales han dictado que los sistemas penitenciarios tienen la obligación de proteger a los reclusos en situaciones vulnerables.
En el caso de Farmer v. Brennan (1994), la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que el gobierno tiene el deber de proteger a los reclusos de la violencia, un principio que podría ser violado por las nuevas políticas de Trump.
Richard Saenz, abogado de la organización Lambda Legal, explicó que las protecciones constitucionales permanecen vigentes incluso para las personas encarceladas y que el Prison Rape Elimination Act (PREA) considera el estatus transgénero como un factor de riesgo en las asignaciones de alojamiento, con el fin de garantizar la seguridad de las personas transgénero en el sistema penitenciario.
La nueva orden modificará esta normativa, poniendo en riesgo la seguridad de las personas transgénero en las prisiones.
Numerosas organizaciones defensoras de los derechos de las personas transgénero y LGBTIQ+ han condenado esta medida, calificándola de discriminatoria y peligrosa. Dee Farmer, líder de Fight4Justice, quien también fue demandante en el caso de Farmer v. Brennan, compartió que ha recibido llamadas de pánico de mujeres transgénero que temen por su seguridad debido a esta nueva política.
En particular, las organizaciones argumentan que esta decisión aumenta el riesgo de violencia sexual y agresión física hacia las prisioneras transgénero, quienes históricamente ya enfrentan una probabilidad diez veces mayor de ser víctimas de abuso sexual dentro de las prisiones.
Por otro lado, el Williams Institute, un centro de investigación de la Universidad de California, ha señalado que las personas transgénero encarceladas tienen dificultades adicionales para acceder a servicios médicos y son vulnerables a la discriminación, el rechazo familiar y la exclusión social, lo que complica aún más su situación dentro del sistema penitenciario.
Además de las repercusiones para los reclusos transgénero, las organizaciones defensoras de los derechos humanos están preparando demandas para impugnar legalmente esta orden, apelando al precedente legal establecido en el caso Farmer v. Brennan.
Esta medida de Trump también podría tener un efecto internacional, ya que otras naciones podrían seguir el ejemplo de las políticas implementadas por Estados Unidos, lo que pondría en riesgo los derechos de las personas transgénero a nivel global.
Fuentes consultadas aquí y aquí.
