La eutanasia solo se permitiría en casos muy definidos, como enfermedades irreversibles, dolor intratable o fase terminal, siempre con plena capacidad mental del paciente o mediante voluntad anticipada, y bajo evaluación de un comité de ética.
El Gobierno de Cuba dio este viernes un paso histórico al publicar en la Gaceta Oficial una nueva ley de Salud Pública que reconoce por primera vez el derecho a una muerte digna y establece los supuestos para aplicar la eutanasia.
Sin embargo, la aplicación concreta de este procedimiento queda en suspenso hasta que se apruebe una normativa específica que lo regule.
Con esta decisión, Cuba se encamina a convertirse en el segundo país de América Latina, después de Colombia, en permitir la muerte médicamente asistida, referida en el texto legal como «procederes válidos que finalicen la vida». No obstante, el camino para su implementación todavía requiere de desarrollos legislativos adicionales.
La ley, que había sido aprobada por el Parlamento cubano a finales de 2023, no establece plazos concretos para la emisión de esa normativa complementaria. Solo se limita a señalar que la eutanasia se aplicará «cuando estén creadas en el país las condiciones», sin especificar los factores que determinarán ese momento.
El documento define con precisión las circunstancias bajo las cuales se podría ejercer este derecho. Este aplicaría para pacientes que padezcan enfermedades crónicas degenerativas o irreversibles, aquellos que sufran un dolor "intratable" o quienes se encuentren en una "condición de salud en fase agónica" o terminal.
De igual forma, la ley consagra la autonomía del paciente, quien puede "expresar al personal de salud su negativa de recibir procedimientos médicos, aun cuando pudieran significar una mejoría".
Para que esta decisión sea válida siempre que se ajuste a los escenarios previstos por la ley los médicos deben certificar que la persona se encuentra en plena capacidad mental.
Otra vía reconocida es la de la voluntad anticipada: un documento legal mediante el cual una persona especifica de antemano qué tratamientos acepta o rechaza en caso de perder la capacidad de decidir en el futuro.
El texto también establece que cada caso será evaluado por un comité de ética, aunque no profundiza en los detalles de su composición o funcionamiento.
La publicación de esta ley abre un debate social y bioético de gran calado en la isla, marcando un punto de inflexión en su sistema de salud pública. Ahora, la atención se centra en cuándo y cómo el gobierno cubano creará las condiciones para hacer efectivo este derecho reconocido en el papel.
