Miembro de la Coalición de Proveedores de la Salud confían en la aprobación del estatuto por parte del nuevo gobierno.
Miembros de la Coalición de Proveedores de la Salud se mostraron esperanzados con un nuevo proyecto senatorial que busca frenar el control de las aseguradoras sobre los servicios que reciben los pacientes puertorriqueños y el número de estos atendidos por los médicos suscritos a Mi Salud.
Se trata del Proyecto del Senado número 27, radicado por el senador novoprogresista Thomas Rivera Schatz, que busca enmendar los artículos 2 y 7 de la Ley número 77 del 2013 (Ley Habilitadora del Procurador del Paciente) y la Ley 5, que enmendó el “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico", para enmendar su artículo 6, añadiendo de paso los artículos 7 y 8 y concederle un mayor poder a la Oficina del Procurador del Paciente (OPP) que permita fiscalizar la operación de las aseguradoras con los servicios médicos a los pacientes.
Cabe señalar que el único organismo gubernamental que regula a las aseguradoras en la isla es la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).
“Aún son innumerables los casos en que las aseguradoras, ya sea mediante la utilización de las mencionadas guías estandarizadas u otros subterfugios, dilatan o impiden que un paciente reciba los servicios médicos que su proveedor entiende que necesita”, reza parte de la medida, referida ante la Comisión de Salud senatorial.
“Ello sucede tanto en la etapa de diagnóstico como de tratamiento. Ante este escenario, resulta imprescindible auscultar maneras innovadoras de evitar que esto suceda de una manera eficiente. Una opción justa, moral y razonable es sostener a las aseguradoras al mismo estándar de responsabilidad que los proveedores y los hospitales”, continúa.
El doctor Víctor Ramos, presidente de la Coalición de Proveedores de la Salud, indicó que “estamos muy contentos con este proyecto. No solo le devuelve poder a la Oficina del Procurador del Paciente para también fiscalizar a planes privados sino que permite que el médico pueda querellarse en nombre de su paciente”.
“Esto va de la mano de todos los proyectos que deben trabajar, como el que otorga una contribución de 4% sobre los ingresos de los médicos (por un término de práctica por un término de 15 años) y otros como el de la regulación de los TPA y PMB y el que evitaría la cancelación sin causa de los contratos de los médicos”, indicó el pediatra, quien también preside el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.
“Este proyecto no solo es en beneficio de la clase médica y proveedores sino, en beneficio de los pacientes. Da mucho más mecanismos de fiscalización a la Oficina del Procurador del Paciente. Yo espero que ahora esto sirva para una fiscalización adecuada para las aseguradoras”, reiteró.
De otra parte, el Dr. Fernando Joglar, presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas, aseguró que el control de las aseguradoras sobre la práctica médica en la isla y los servicios a los pacientes cada vez es un problema “que nos exprime más”.
“Este problema lleva más de 20 años. El problema principal de las aseguradoras es, que todos los aumento que se consiguen para los fondos de los servicios, no llegan a los proveedores y se quedan en las aseguradoras. Ahora mismo estamos luchando para que haya paridad en los fondos federales y si no se toma acción, el dinero nunca llegará a los proveedores y la salud del paciente es la que continuará viéndose afectada”, estipuló.
“Cuando se ve una cantidad enorme de pacientes para poder subsistir, la calidad del servicio disminuye. El éxodo tan grande de profesionales médicos también se debe porque al graduarse, las aseguradoras no quieren hacerlos parte de la red de proveedores. De 42 estudiantes que terminan en medicina dental en Puerto Rico, 42 que se van a los Estados Unidos. La situación es crítica. Si el senador logra que el proyecto se apruebe, sería lo mejor servicio que se le pueda dar a la isla en los últimos años”, afirmó.
No obstante, Ángel Sánchez, expresidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico, sugirió enmiendas al estatuto senatorial, manifestando que “hay una forma de operar a las aseguradoras donde contratan a los hospitales basado en “capitation”, donde recibe una cantidad de dinero fija por paciente que le visita, acuda o no el paciente. Entonces al hospital le conviene no admitir al paciente para no incurrir en gasto”.
“Sugerimos unos cambios para responsabilizar a los hospitales bajo capitation para que no puedan denegarle la hospitalización a los pacientes según sea ordenado por el médico del paciente”, recomendó.
