Esta mañana, Salud había informado que había 1,298 contagios confirmados, pero desde la semana pasada aceptaron que había errores en la información. Sigue la transmisión en vivo aquí
Publicado en El Nuevo Día
Esta mañana, Salud había informado que había 1,298 contagios confirmados, pero desde la semana pasada aceptaron que había errores en la información. Sigue la transmisión en vivo aquí
El Departamento de Salud informó que se cortaron en exceso 383 pruebas positivas del COVID-19 por lo que la cantidad acumulada de casos positivos se sitúa ahora en 915 contagios identificados con pruebas diagnósticas.
La corrección, sin embargo, no es definitiva en la medida en que se siguen verificando los números por personal del Departamento de Salud y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. En este esfuerzo estarán comparando información con los municipios que administran pruebas diagnósticas para mejorar la información disponible.
El ajuste cubre los datos disponibles hasta el 19 de abril.
González Feliciano indicó que otros hospitales que quieran participar en el tratamiento experimental pueden suscribirse en el portal de la iniciativa. El funcionario indicó que los recuperados de COVID-19 pueden donar hasta cuatro veces plasma. El ejecutivo recordó que también los abastos de sangre están limitados por lo que exhortó que, las personas que puedan donar, lo hagan.
Durante la conferencia de prensa se cuestionó mucho sobre la capacidad de reabrir la economía y poco a poco regresar a la normalidad cuando la cantidad de pruebas por habitante en Puerto Rico continua relativamente baja.
González Feliciano reconoció que han confrontado dificultades obteniendo los químicos reactivos que se necesitan para algunas pruebas diagnósticas. No obstante, indicó que tienen disponible tanto pruebas para detectar anticuepos como la presencia del virus en la persona, y reiteró que trabajan para ver por qué los médicos no están ordenando con más frecuencia estos estudios. Por ejemplo, de las 100,000 pruebas repartidas hace una semana, se habían usado, hasta el sábado, unas 5,000.
El funcionario, quien también dirigía el Departamento de Salud cuando la pandemia de la influenza AH1N1, indicó que, a corto plazo, pueden haber modificaciones a las medidas de distanciamiento social, pero que deben permanecer hasta junio, cuando se espera que se reduzcan los contagios en Estados Unidos.
“Lo que no puede ocurrir en Puerto Rico es las playas abiertas como en Florida o como en Georgia con salones de belleza y de masajes abiertos. Eso no es prioridad en este país”, dijo el titular de Salud.
El secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy, indicó, por su parte, que hasta el momento lo que se hace es crear planes y evaluar recomendaciones para de cara a esa eventual reapertura del comercio cerrado forzosamente para mitigar los contagios. Aseguró que en las conversaciones se tiene como premisa que la salud de los habitantes es más importante que la actividad económica.
Enfatizó que el proceso será uno paulatino y salvaguardando que nunca se sobrecargue el sistema hospitalario del país. Sostuvo que la idea es elaborar una serie de guías por industria para la reapertura que incluirá medidas de distanciamiento social y para evitar contagios. La imposición de las guías que se adopten dependerá, principalmente, de la voluntad de las propias empresas, manifestó Laboy.
Explicó que algo de esa flexibilización se vio en la última orden ejecutiva cuando se permitió que los talleres de mecánica, las gomeras y las ferreterías operaran por dos días completos a la semana.
De otro lado, tras darse a conocer que dos menores arrojaron positivo a COVID-19 en una institución juvenil de Ponce, el secretario de Corrección Eduardo Rivera Juanatey indicó que realizarán pruebas de coronavirus a todos los empleados de ese lugar como medida de prevención.
Indicó que los menores no han presentado síntomas al momento y su estado de salud se conoció al ser sometidos a la prueba junto con otros 37 menores de la institución por la posibilidad de haber entrado en contacto con una empleada que dio positivo al virus la semana pasada.
La actualización del gobierno se desarrolló a un día de que varios miembros del task force médico de coronavirus que asesora a la gobernadora Wanda Vázquez, incluyendo a su director, el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, comparecerán ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Este organismo investiga la compra fallida de pruebas rápidas de COVID-19 por $38 millones a la empresa Apex General Contractors.
