Alerta por aumento del maltrato a adultos mayores en Puerto Rico: Más de 5,000 casos registrados por año

Experta advierte que las cifras están subestimadas y que el problema requiere un enfoque de salud pública más allá de medidas punitivas.

Laura Guio

    Alerta por aumento del maltrato a adultos mayores en Puerto Rico: Más de 5,000 casos registrados por año

    Puerto Rico enfrenta una crisis de maltrato hacia adultos mayores que continúa escalando de manera preocupante. 

    Entre 2023 y 2024 se registraron 5,046 querellas específicamente por maltrato a personas de edad avanzada, de un total de 8,138 denuncias que incluyen otros delitos contra esta población, según informó la procuradora de las personas de edad avanzada, Yolanda Valera Rosa.

    La doctora Mayra Ortiz Tapia, especialista en gerontología y autora del recién publicado libro "Cuando el tiempo nos abraza", asegura en una entrevista exclusiva de la revista Medicina y Salud Pública que estas estadísticas están subestimadas. 

    "Esta es una problemática que no es de ahora, esto es algo que viene acumulativo desde hace mucho tiempo", explicó la experta, quien señala que la falta de prioridades claras en las agencias y organizaciones responsables ha provocado que los esfuerzos se fragmenten y se pierdan.

    La familia sería la principal fuente de maltrato

    Uno de los aspectos más perturbadores del fenómeno es que la mayoría de los delitos son cometidos por personas cercanas a la víctima. 

    "Estamos hablando de familias: los hijos, los nietos, los sobrinos, incluso los cuidadores informales que se contratan", explicó Ortiz Tapia.

    Particularmente alarmante resulta el caso de la explotación económica por parte de nietos hacia sus abuelos. "Los abuelos siempre son protectores, siempre van a estar ahí para darse, sin importar si quedan sin comer, sin cubrir sus necesidades", lamentó la especialista.

    Leyes sin implementación efectiva

    Aunque Puerto Rico cuenta con la Ley 121, considerada amplia y adecuada para proteger a los adultos mayores, el principal obstáculo radica en su implementación. 

    "La dificultad está en ejecutar lo que ya está planteado", señaló Ortiz Tapia tras dialogar con la licenciada Gisele Lombardi, presidenta de la Comisión de las Personas de Edad Avanzada del Colegio de Abogados.

    La falta de recursos tanto para investigación como para completar los procesos judiciales impide llevar los casos hasta el final. Además, la experta advierte que un enfoque meramente punitivo no resolverá el problema, ya que muchas veces los cuidadores también son adultos mayores o personas sin capacidad económica ni emocional para atender a sus familiares.

    El síndrome del cuidador agotado

    Una realidad poco discutida es que muchos cuidadores de personas de 80 años o más tienen ellos mismos 60 años o más. 

    "Esta es la realidad. El nivel de longevidad que tenemos en Puerto Rico está en 81 años básicamente, cuando hace una década atrás era 76, 78 años", explicó Ortiz Tapia.

    Los hijos comparten ahora la misma etapa de vejez que sus progenitores, enfrentando sus propias limitaciones de salud mientras intentan cuidar a padres o abuelos con enfermedades crónicas, Alzheimer o condiciones neuropsiquiátricas. El síndrome de burnout o agotamiento está presente en muchos de estos casos.

    Abandono hospitalario: Un protocolo sin dientes

    El problema del abandono de adultos mayores en hospitales persiste a pesar de la existencia de protocolos y leyes específicas. 

    "Si nosotros no conocemos el bagaje, el background de la situación desde una perspectiva completa y pensamos que vamos a resolver a través de una planificación de alta de esa persona, pues estamos errados", advirtió la especialista.

    El problema se agrava porque no existe continuidad de cuidado una vez la persona sale de la institución hospitalaria. "Cuando una persona mayor entra al hospital en una escala del uno al cinco, si entró en cuatro, usualmente sale en dos, con más limitación, más debilidad", explicó, añadiendo que hay personas encamadas que permanecen solas, sin agua, sin luz, y dependientes de máquinas que requieren electricidad constante.

    Las comunidades como solución alternativa

    Ante la ausencia de familiares —muchos emigrados en busca de mejores oportunidades— algunas comunidades han desarrollado sistemas de apoyo espontáneos donde vecinos se turnan para atender a los adultos mayores.

     "Las comunidades están ávidas de ayudar", aseguró Ortiz Tapia, quien sugiere que las iglesias y organizaciones no gubernamentales tienen una capacidad inmensa de apoyo que debe ser coordinada adecuadamente.

    Sin embargo, la experta advierte sobre la necesidad de aterrizar las expectativas: "No podemos estar vendiendo sueños. No es viable ni realista pretender tener un asistente de salud o un cuidador para cada persona encamada en Puerto Rico".

    Cambio de paradigma: La vejez no es obsolescencia

    Ortiz Tapia denuncia la cultura de descarte hacia los adultos mayores, alimentada por prejuicios sobre su supuesta incapacidad de adaptarse a la tecnología o la modernidad.

     "El ser humano no es un ser desechable, no es como un smartphone o cualquier otro equipo tecnológico", enfatiza en su libro "Cuando el tiempo nos abraza", disponible actualmente en Amazon.

    La especialista insiste en que el envejecimiento no es una enfermedad ni una crisis, sino una etapa normal de la vida. "Nosotros podemos seguir aprendiendo toda nuestra vida hasta el último día. Lo hacemos más lento, pero somos capaces de aprender y de modificar", afirmó.

    Un problema de salud pública que requiere acción coordinada

    Para Ortiz Tapia, el maltrato a adultos mayores debe abordarse desde una perspectiva de salud pública, considerando la fragilidad, las condiciones crónicas, la diversidad funcional y los determinantes sociales. 

    "No podemos seguir haciendo lo mismo porque no está dando resultados. No podemos seguir haciendo planes de planes y estableciendo comités y comités porque nos quedamos en el aire", sentenció.

    La experta hace un llamado a desarrollar estrategias realistas y coordinadas que involucren a todos los sectores de la sociedad, en lugar de apostar únicamente por el endurecimiento de penas o la creación de más burocracia sin resultados tangibles.


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