Puerto Rico enfrenta una emergencia en el manejo de residuos sólidos que pone en riesgo la salud de sus comunidades, mientras el debate sobre la incineración regresa como alternativa y los índices de reciclaje no superan el 5%.
Puerto Rico acumula 29 vertederos en apenas 8.800 kilómetros cuadrados de territorio, de los cuales 11 no cumplen con las regulaciones ambientales federales y tienen órdenes de cierre vigentes.
Así lo advierte el Dr. Pablo Méndez, catedrático del Departamento de Salud Ambiental de la Escuela Graduada de Salud Pública de la UPR, quien en entrevista exclusiva con la Revista Medicina y Salud Pública explicó los riesgos, desafíos y alternativas ante la crisis de manejo de residuos en el país.
"Estamos en una situación en la cual no hemos mejorado en cómo estamos manejando los desperdicios sólidos. No hemos alcanzado unos números de reciclaje y de reúso significativos."
La saturación de estos depósitos no es un problema meramente logístico o ambiental. Según el especialista, representa una amenaza directa y medible para la salud de las poblaciones que viven en sus cercanías, especialmente las más vulnerables.
Las comunidades aledañas a los vertederos están expuestas a una combinación de riesgos que incluye emisiones de gases tóxicos, partículas suspendidas en el aire, contaminación de suelos y acuíferos a través de lixiviados, y proliferación de vectores y roedores. El Dr. Pablo Méndez advierte que estas condiciones agravan enfermedades preexistentes y generan nuevas afecciones.
"Tenemos enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares, enfermedades infecciosas zoonóticas, enfermedades asociadas a vectores. Nuestros ambientes acuáticos en Puerto Rico se están viendo amenazados por el mal uso de estos vertederos."
El especialista lamenta, sin embargo, que no exista un programa de monitoreo sistemático que permita documentar con precisión el impacto en salud comunidad por comunidad, lo que dificulta la toma de decisiones basada en evidencia.
Ante la saturación del sistema, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico ha retomado la evaluación de proyectos de incineración para la generación de energía, una propuesta que ya fue descartada hace aproximadamente una década por fallas en su diseño y ubicación.
El Dr. Pablo Méndez no descarta la tecnología, pero exige condiciones claras antes de avanzar.
"Si se retoma la conversación de hacer la incineración en Puerto Rico, deberíamos tener esa plataforma de diálogo donde tanto los expertos, las comunidades, la academia y el gobierno puedan sentarse en una mesa y tomar las mejores decisiones."
Entre los señalamientos más serios contra la propuesta anterior destacan su emplazamiento en humedales de alto valor ecológico y su proximidad a comunidades empobrecidas, lo que levantó serias preguntas de justicia ambiental.
Adicionalmente, el experto subraya que la incineración puede liberar agentes cancerígenos y compuestos que agravan condiciones respiratorias y cardiovasculares, dependiendo del tipo de residuos que se quemen.
Puerto Rico fue uno de los primeros territorios del Caribe en legislar sobre reciclaje, con una ley que estableció metas de entre el 30 y el 50% de aprovechamiento de residuos. Tres décadas después, la realidad es otra.
"Al día de hoy no alcanzamos ni el 5 por ciento. Los mejores países ya están en el 40 o 50 por ciento de reciclar la cantidad de desperdicios que generan."
La brecha entre la norma y la práctica se explica, en parte, por las desigualdades en el acceso a los servicios de recolección. Mientras en la zona metropolitana de San Juan algunos municipios recogen el reciclaje a domicilio, en otras regiones de la isla los ciudadanos deben trasladar por sus propios medios los materiales hasta centros de acopio, una carga que termina desalentando la participación.
El Dr. Pablo Méndez concluye con un mensaje directo tanto a las autoridades como a la ciudadanía: el problema de la basura debe tratarse como una prioridad de salud pública, no como un asunto secundario de gestión urbana.
"Si lo vemos más allá de un problema de basura y realmente lo entendemos como un problema de salud pública, entenderemos que no solo estamos afectando el paisaje o el ecosistema, estamos afectando la salud humana."
Para el especialista, el primer paso es político: asignar recursos, convocar mesas de diálogo multisectoriales e implementar un programa de monitoreo epidemiológico vinculado a los vertederos. El segundo paso, dice, corresponde a cada persona: repensar el consumo, reducir la generación de residuos y exigir las condiciones que hagan posible reciclar sin que ello represente una carga desproporcionada para el ciudadano común.
