La privatización del agua, ¿es justificable?

La privatización del agua podría traer ciertos riesgos para la salud, sobre todo si no cuenta con el debido saneamiento.

Isbelia Farías

    La privatización del agua, ¿es justificable?

    Hoy día son muchas las personas que debaten sobre la privatización del agua, pues, un sector no lo considera justificable, mientras que otro lo cree necesario. ¿Pero qué implicaciones trae consigo la privatización de un servicio tan básico como el agua?

    Razones por las cuales no se debería privatizar el agua

    Algunas de las razones por las que quizá no se debería privatizar el agua, son las siguientes:

    1.    Más que un negocio, es un derecho humano: en el año 2010 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que el agua es un derecho humano esencial y necesario para la dignidad humana. Esto significa que el recurso debería estar garantizado para todas las personas. Sin embargo, muchas empresas privadas consideran que el agua es una mercancía que, si el cliente no puede pagar, entonces no debe tener dicho derecho. En España, específicamente en Cádiz, cuando este servicio se privatizó, Aqualia cortó el grifo a más de doscientas familias quienes no pudieron pagar sus facturas.

    2.    Se ve afectado el empresariado local: las empresas públicas de aguas suelen subcontratar a otras empresas para realizar trabajos relacionados con el servicio, tales como las reparaciones y limpiezas. Sin embargo, si el dominio del agua lo tienen las multinacionales privadas, entonces ellas desaparecen el tejido empresarial local y contratan sus propias compañías sin seguir parámetros y al precio que deseen, ya que no están obligadas a hacer licitaciones públicas.

    3.    Destruye el empleo: cuando las empresas privadas son las que se encargan del servicio de agua, recortan la plantilla de trabajadores que pertenecían a la empresa pública; además, cambia el convenio colectivo y empeora las condiciones contractuales.

    4.    Pueden ocurrir fraudes: muchos usuarios notan que sube el precio del agua y al analizar sus recibos, identifican que cambian los contadores cobrando dinero de forma irregular.

    5.    No garantiza la buena calidad del agua: muchos usuarios reclaman por las partículas que salen de los grifos, por lo que muchos, pese a pagar por tener agua potable, deben comprar agua envasada para consumir.

    6.    La gestión es opaca: ante los escándalos por corrupción, las empresas solo cambian de nombre y los usuarios no saben quién realmente les provee el servicio.

    7.    No interesa promover el ahorro del agua: ya que la empresa privada solo desea que se venda mayor cantidad de producto; pero, al ser un bien finito, la lógica ecológica indica que el agua se debe ahorrar y gastar lo menos posible.

    Lo que dice un relator de la ONU

    El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Léo Heller, ha cuestionado el enfoque de que los derechos naturales son neutrales, por lo menos en lo que concierne a los proveedores de agua y el saneamiento.

    Para este experto, existen tres factores que representan un riesgo para los derechos humanos, respecto al suministro privado del agua: maximización de ganancias, monopolio natural y desequilibrios de poder.

    En primer lugar, al querer obtener mayores beneficios, los proveedores privados pueden socavar la obligación que tienen los Estados de proporcionar los servicios de agua y su saneamiento de forma asequible a todos los ciudadanos.

    Luego, si existe un solo proveedor, los organismos reguladores pueden ser absorbidos por los proveedores y la capacidad de proteger los derechos humanos al agua puede verse debilitada.

    Por último, la dinámica de poder entre las autoridades públicas y los proveedores, debería ser igual; sin embargo, en la práctica existen desequilibrios del poder en el sector del agua, lo cual es un riesgo para los derechos humanos.

    El experto de la ONU indicó que: "Cuando las empresas con fines de lucro están en el panorama, las motivaciones económicas pueden superar la motivación para cumplir con los estándares de los derechos humanos al agua y al saneamiento. En ciertos casos, los estrictos requisitos de derechos humanos pueden ser un incentivo para que los operadores privados no inviertan en determinadas áreas. Como resultado, los países podrían sentirse presionados a reducir los estándares o debilitar la regulación".

    Cabe destacar que el agua contaminada puede transmitir enfermedades cono el cólera, la diarrea, la disentería, la poliomielitis, la fiebre tifoidea y otras. Se ha calculado que la contaminación del agua provoca más de 500. 000 muertes por diarrea, al año. Para el 2025 se prevé que la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua, según advierte la Organización Mundial de la Salud.

    Por último, el experto enfatizó que los países deben considerar estos posibles riesgos y proteger los derechos de las personas, no delegando los servicios de agua y saneamiento. Si la decisión de privatizar está en marcha, entonces sugiere habilitar mecanismos que hagan responsables a los proveedores privados.

    Fuente consultada: aquí

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