Una publicación en el diario El País dejó saber que detrás de los huracanes, además de los daños físicos que deja en las poblaciones y personas que afecta, existe una amenaza silenciosa y es la rápida propagación de enfermedades y el impacto en los servicios de salud.
Con respecto al Caribe, ni los brotes de enfermedades ni los desastres naturales respetan las fronteras nacionales y en su multiplicidad de islas, es particularmente vulnerable a ambos, puesto que, los huracanes pueden aumentar la exposición a enfermedades infecciosas debido a las zonas inundadas que deja, el lugar preferido por los mosquitos para su reproducción.
Por sobre esto, se espera que el cambio climático derive en temperaturas más elevadas, cambios en los patrones de precipitación y un aumento de los eventos climáticos extremos, lo que deriva en una mayor incidencia de las enfermedades transmitidas por el agua y por vectores. Además, los eventos climáticos severos pueden resultar en daños a las instalaciones de salud, dificultando la atención de personas necesitadas y un flujo creciente de pacientes.
Entre diciembre de 2013 y julio de 2014, el virus chikunguña se propagó a más de 350.000 personas en el Caribe. En 2014, luego del paso de las tormentas tropicales Bertha y Cristóbal, República Dominicana sufrió uno de los peores brotes de chikunguña en la historia del Caribe, afectando a seis por cada diez dominicanos y, una de cada cuatro personas infectadas faltó al trabajo, causando pérdidas económicas equivalentes al 0,2 % del PIB.
Dos años después, un brote de zika en toda América Latina y el Caribe dejó al descubierto déficits en el estado de preparación y la capacidad de respuesta que no fueron solucionados adecuadamente luego del brote de chikunguña de 2014.
Estos acontecimientos subrayan la necesidad de fortalecer la capacidad del sistema de salud para detectar y responder a estos brotes epidémicos. Esto es particularmente importante después de un desastre natural, dado que el riesgo de propagación de la enfermedad se eleva junto a un aumento en la demanda de servicios de salud, en un momento en que dichas instalaciones pueden estar dañadas.
Por ejemplo, luego del huracán María en 2017, la isla de Dominica registró un aumento del 40% en las personas que buscaban atención médica. Mientras tanto, de acuerdo a evaluaciones recientes de la Organización Panamericana de la Salud, prácticamente siete de cada diez hospitales en América Latina y el Caribe se hallan en áreas vulnerables a un desastre natural.
Dominicana, Granada, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, miembros de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), están tomando medidas concretas para prepararse mejor ante una emergencia de salud pública.
En este sentido, el Banco Mundial trabaja junto a estos cuatro países en el proyecto de Salud Regional en la OECO para apoyar actividades de preparación ante emergencias de salud pública, como trabajos para perfeccionar las herramientas de vigilancia de enfermedades, apoyo para la modernización de instalaciones sanitarias para soportar situaciones climáticas extremas, y el desarrollo de centros de operación de emergencia nuevos y mejorados, entre otros.
“Los recientes brotes regionales y eventos climáticos extremos en el Caribe ponen de manifiesto las consecuencias de cualquier falencia en la preparación ante emergencias de salud pública. Mejorar la capacidad de los sistemas de salud para manejar cualquier amenaza a la salud pública es hoy por hoy más crucial que nunca”,
explica Carolyn Shelton, especialista en salud sénior del Banco Mundial.
La naturaleza transfronteriza de las emergencias de salud pública exige una mayor colaboración entre los países. Esta iniciativa buscará desarrollar la resiliencia y mitigar la transmisión de brotes de enfermedades a través de fronteras y evitar las interrupciones en los servicios de salud tras un evento climático extremo.
El proyecto, además, ayudará a fortalecer los sistemas nacionales y regionales de vigilancia de enfermedades para detectar y responder a las enfermedades infecciosas de manera más ágil, desarrollar un mecanismo de coordinación regional ante emergencias y trabajar para asegurar la continuidad de la atención luego de una emergencia de salud pública.
