De acuerdo a la Encuesta de la Comunidad realizada por el Censo para el año 2016, Puerto Rico tuvo una comunidad de personas con discapacidades equivalente al 21.3% de la población. Mientras que de esa población el 8.2% son menores de 18 años con discapacidades y un 15.1% mayores de 18 años.
De esta manera, lo informó la licenciada Surimar Quiñones Suárez, del Departamento de la Familia (DF), durante la primera audiencia pública conjunta de las Comisiones de Seguridad Pública y de Salud de la Cámara, en torno al Proyecto de la Cámara para crear el “Registro de Personas Encamadas de Puerto Rico”.
Agregó, que la Agencia trabaja para actualizar el Registro de los Centros de Envejecientes y Égidas. Sostuvo que esto aportaría a la información del registro de pacientes encamados que se pretende crear y que no existe en Puerto Rico.
Mientras que el Comisionado Interino del Negociado del Manejo de Emergencias y Administración de Desastres del Departamento de Seguridad Pública, Carlos Acevedo Caballero, indicó que hay un proyecto de ley mediante el cual ya se está trabajando establecer en cada Municipio un refugio especializado.
“…Que tenga planta eléctrica, cisterna, para pacientes que necesiten ventilador o estar conectados a algún sistema del que dependan para vivir. El colapso de las comunicaciones afectó grandemente a las personas encamadas y con problemas de movilidad y por ello muchos puertorriqueños, que se encontraban encamados para la fecha del huracán María, vieron sus vidas en riesgo por los efectos de la emergencia. En la mayoría de los casos, ni el estado, ni los gobiernos municipales tenían conocimiento de su ubicación exacta ni de las necesidades que sufrían”, expresó Acevedo Caballero.
Mientras que el representante Lassalle Toro, adelantó que encamina varias medidas de su autoría y otros correligionarios, entre las cuales está facilitar a los alcaldes el acceso y ayudas para los refugios médicos que el Negociado del Manejo de Emergencias y Administración de Desastres está estableciendo en cada municipio.
“Tenemos a nuestros alcaldes que estaban trabajando arduamente con los refugios pero no contaban con las herramientas necesarias y el Estado debe proveérselas. Son los primeros que llegan a sus constituyentes para socorrerlos y nosotros los representantes llegamos después. Esto no se puede quedar en papel. Vamos a llevarlo a la práctica para que no nos ocurra lo que nos pasó con María, que habían muchos planes en muchos centros que atiende a esta población y a los pacientes de diálisis y no estaban elaborados como debían”, expresó Lassalle Toro.
Igualmente, recomendó que debe incluirse en la propuesta la emisión de una identificación a los familiares o cuidadores de los pacientes encamados para casos de emergencia y que estos puedan tener acceso más rápido a gasolina, alimentos, agua, entre otras necesidades sin dejar a los pacientes solos demasiado tiempo poniendo en peligro sus vidas.
Asimismo, el licenciado Emilio Ruiz Ginés asesor de la Oficina del procurador del Paciente, observó que “el registro sería de gran utilidad al momento de alguna emergencia y que el mismo debe incluir la información de los familiares responsables por la persona encamada”.
