Los laboratorios advierten que esta reducción afectará gravemente a los pacientes, quienes podrían perder acceso a pruebas esenciales, obligándolos a desplazarse largas distancias y dejando a los médicos sin herramientas diagnósticas.
Por: Katherine Ardila
La Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico ha presentado una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra la aseguradora Triple S.
La acción legal busca paralizar lo que la asociación califica como una reducción unilateral y abrupta en la compensación por los servicios de laboratorio que ofrecen a los afiliados de dicha aseguradora.
Según explicó el presidente de la asociación, el Lcdo. Felipe Cintrón, en una entrevista exclusiva con la Revista Medicina y Salud Pública, esta medida legal es el último recurso tras un proceso de negociación infructuoso.
Detalló que “enviamos cartas, hicimos llamadas y ninguna gestión fue, todas las gestiones fueron infructuosas y pues al enviarles cartas y no recibir en un tiempo razonable respuestas, nos vimos obligados a erradicar esta demanda”.
La demanda, por lo tanto, no busca una compensación económica específica, sino detener una medida que consideran ilegal y perjudicial.
El impacto financiero: Una reducción acumulada del 55%Al profundizar en los detalles de la controversia, el representante de los laboratorios detalló la magnitud de la reducción anunciada, la cual se presenta no como un ajuste aislado, sino como el último capítulo de una serie de recortes.
“La reducción implica un 25% adicional del que ya hemos tenido desde el 2012 al presente”, explica. “Del 2012 al presente ha habido una reducción aproximada de un 30%, a esto le sumamos el 25% que ahora sin ningún estudio económico y de sopetón nos acaban de imponer triple S advance a todos los laboratorios. Entonces la reducción acumulativa sería de 55%”.
Esta drástica merma en los ingresos, argumenta, pone en una situación financiera insostenible a los laboratorios, ya que muchas pruebas “apenas cubren el costo de procesamiento”.
Falta de justificación y una presunta estrategia comercialMás allá del impacto económico inmediato, la asociación cuestiona severamente la base y la transparencia de esta decisión por parte de la aseguradora.
El licenciado afirmó que la acción carece de fundamento y viola acuerdos previos: “No hay estudio ni económico ni razón ni justificación que ellos nos han dado para decir simplemente te estoy notificando”.
Añadió que esta decisión “viola y es ilegal el contrato que tenemos con la aseguradora”. Este movimiento se interpreta, bajo su perspectiva, como un incumplimiento contractual, y como parte de una aparente estrategia comercial más amplia que podría reconfigurar el acceso a los servicios de salud.
El entrevistado sugirió que la aseguradora podría estar intentando redirigir a los pacientes hacia sus propios centros de servicio integrado, una estrategia que ya estaría en marcha: “Ellos están ahora mismo llamando a sus pacientes… para dirigirlos a sus cinco centros que hay en Iberia”.
Consecuencias para el paciente: pérdida de accesibilidad y un sistema a ciegasLa advertencia más grave de la asociación es que preveen consecuencias catastróficas que esta medida tendría en los pacientes, particularmente en la vulnerable población de adultos mayores afiliada a Triple S Advantage.
“Tú te vas a hacer un laboratorio que tiene 10 pruebas y hoy posiblemente de esas 10 pruebas, 8 no te las vas a poder hacer porque 8 no cubren el costo de procesamiento”. Esto, explicó, deja a los médicos sin las herramientas de diagnóstico esenciales, paralizando la toma de decisiones clínicas fundamentales, ya que, según sus datos, “el 74% de las decisiones médicas se basan a base de las pruebas de laboratorio”.
Enfatizó que uno de los grandes valores de los laboratorios comunitarios, como la accesibilidad geográfica, se perdería por completo, creando una barrera logística: “un paciente de Ciales que tiene que ir a Ponce atenderse… que tiene que manejar por una hora y 40 minutos en curva, mientras tiene un laboratorio a cinco minutos de su casa”.
El riesgo de cierre masivo de laboratoriosLa situación financiera generada por esta reducción podría llevar, según las proyecciones de la asociación, al cierre de una parte importante de la red de laboratorios clínicos independientes de la isla.
El presidente compartió un pronóstico escalonado y sombrío sobre el futuro del sector: “el primer año pueden cerrar cerca de cien laboratorios. ¿El segundo año? Cerca de ciento cincuenta, doscientos. ¿Y el tercero?… estamos hablando que en tres años pueden desaparecer más de la mitad”.
Esto además de ser la pérdida de cerca de 7,000 empleos y la desaparición de cientos de pequeñas empresas que contribuyen a la economía, según el licenciado, destruiría una infraestructura de salud comunitaria ágil y descentralizada que ha demostrado su valor durante emergencias de salud pública recientes.
Por eso, para concluir, el experto hizo un llamado para que las agencias gubernamentales intervengan en lo que considera un problema de salud pública inminente que trasciende un conflicto entre privados.
Aunque confirmó que no han tenido comunicación directa con el Secretario de Salud, argumentó que la injerencia del Estado es obligatoria y justificada, especialmente porque los planes Advantage operan con fondos públicos federales: “Hay que actuar antes, antes que el problema nos reviente la cara, estamos haciendo este llamado para que podamos detener esto”, puntualizó.