La producción, el tráfico y el consumo de estupefacientes no paran de crecer, como se ha advertido en la reunión anual de la comisión de drogas de la ONU en Viena
La producción, el tráfico y el consumo de estupefacientes no paran de crecer, como se ha advertido en la reunión anual de la comisión de drogas de la ONU en Viena. Los países están divididos entre los más y los menos punitivos. Numerosos expertos alertan de que seguir castigando el consumo propio es un obstáculo que fomenta los prejuicios y la discriminación.
Los restos de marihuana en uno de sus bolsillos le arruinaron las vacaciones que pasaba en una isla tailandesa, donde le paró un control de policía. Allí mismo le retiraron el pasaporte, al cabo de unos días recibió una citación judicial y lo metieron en un centro de internamiento a la espera de ser repatriado. Dos meses después regresó a casa y siguió fumando porros, como había hecho desde el instituto.
Esta historia –real– muestra las diferencias entre España y Tailandia. Mientras que aquí el consumo propio está permitido, en el popular destino del sudeste asiático la sanción por tenencia de drogas es penal. Cada gobierno legisla a su manera. Por ejemplo, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, bautizado como el ‘Trump asiático’, defiende la recuperación de la pena de muerte por posesión de drogas.
En general, los países más conservadores, populistas, autoritarios y con pocas garantías en materia de derechos humanos se han inclinado históricamente por la criminalización del consumo de drogas. Algunos ejemplos son Rusia, Irán, Egipto, Pakistán y Arabia Saudí. En el otro extremo están los países más abiertos a reformas y permisivos, como muchos estados europeos, Canadá y Uruguay.
A pesar de las particularidades de cada región, tres convenciones de la ONU han dibujado el sistema internacional de drogas para garantizar la disponibilidad de medicamentos fiscalizados –como los opiáceos para tratar el dolor– y limitar los fines médicos y científicos de estas sustancias.
Voces contra la criminalización
Actualmente, numerosas instituciones y ONG, como la Comisión Global de Políticas de Drogas (GCDP), integrada por expresidentes de gobierno y de la que formaba parte el difunto exsecretario general de la ONU Kofi Annan, denuncian que las políticas actuales contra las drogas no funcionan. Las voces más críticas piden descriminalizar el consumo y posesión para uso personal, y pasar de la prohibición a una regulación gradual basada la evidencia científica y procesos participativos.
Según los partidarios de la despenalización, la criminalización ha supuesto una expansión de enfermedades infecciones por VIH y hepatitis C, aumento de costes económicos del sistema judicial, incremento de los niveles de violencia y consecuencias estigmatizadoras sobre las personas, muchas de las cuales ya son víctimas de abusos de derechos humanos.
Por ejemplo, numerosos estudios demuestran que las minorías racializadas sufren más persecución policial que las personas blancas, aunque no existan diferencias de consumo, como el caso de la mayor encarcelación de afroamericanos por drogas en Estados Unidos.
El informe publicado en marzo de 2016 por el centro británico Release La revolución silenciosa propone políticas de descriminalización, combinadas con inversiones en servicios sanitarios y sociales, que contribuyan a que las personas que consumen entren en tratamiento, mejoren los resultados de salud pública, se reduzcan costes del sistema judicial por crímenes y se proteja a los consumidores del impacto “devastador” de una condena criminal.
“Los datos muestran que hay más perjuicios relacionados con la criminalización que la descriminalización, que no implica más consumo”, advierten los expertos independientes británicos.