La Sociedad Max Planck conserva fragmentos de cerebros de unos 3.000 niños y adultos ejecutados por padecer enfermedades mentales. Una investigación intenta ponerles nombre casi 80 años después
Entre 1939 y 1945, unos 300.000 niños y adultos con discapacidad o enfermedades mentales fueron asesinados en Alemania. A un número desconocido les extrajeron el cerebro. Los órganos se enviaban a centros de investigación del país, donde se cortaban en rodajas y se preparaban como muestras para estudiar enfermedades mentales. En aquellos años, Julius Hallervorden, uno de los neurólogos más respetados del país, recordaba haber dicho: “Si realmente vais a matar a toda esa gente, sacadle al menos el cerebro para que puedan ser útiles. Ellos me preguntaron, ‘¿cuántos podría analizar?’ Yo les dije, ‘un número ilimitado, cuantos más, mejor”.
Casi ochenta años después, la Sociedad Max Planck de Alemania ha puesto en marcha una investigación independiente para identificar, por primera vez, a todas las víctimas de la ley de Eutanasia nazi cuyos cerebros laminados siguen en los archivos de este organismo de investigación científica, uno de los más prestigiosos del país. La entidad ha anunciado este mes que un equipo de cuatro investigadores ajenos a la institución comenzará en junio a cotejar las miles de muestras existentes con los archivos de los psiquiátricos donde los pacientes recibían inyecciones letales o eran gaseados usando las mismas técnicas que después se aplicarían en los campos de exterminio.
En 1990 la Max Planck retiró todas las muestras humanas recogidas durante la era nazi y las enterró como parte de una ceremonia de homenaje a las víctimas, pero sin identificarlas ni aclarar cuántas muestras había. Una investigación posterior demostró que aún quedaban más láminas en el Instituto de Psiquiatría Max Planck que podían ser de víctimas. La sociedad hizo una nueva auditoría de sus archivos en 2016 en la que se listaron 24.500 muestras tomadas entre 1920 y 1980. Es parte del material que el equipo analizará ahora. En último término, opina Weindling, es posible que haya que desenterrar el material inhumado en 1990, “aunque será decisión de la Max Planck”, señala.
Los investigadores reconocen el reto de publicar los nombres de todas las víctimas por las leyes de protección de datos, pero creen que será viable y necesario. “Puede que las familias de los fallecidos sepan que uno de sus parientes fue asesinado”, explica Wiendling. “Lo que seguro será nuevo para ellos es que los cerebros de sus abuelos o tíos siguieron usándose para investigaciones científicas durante mucho tiempo y ahora están o bien en los archivos del Max Planck o bien enterrados en Munich”, concluye.